Sorprendiendo a la opinión pública esta semana, un espectacular operativo policial tuvo lugar en la Galería Central, como parte de una investigación judicial por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Bajo la dirección de la fiscalía 30 y la supervisión de Carlos Larrarte, Prefectura Quequén llevó a cabo una serie de allanamientos en distintas viviendas de la ciudad, que culminaron con la aprehensión de siete individuos. 

Alejando los rumores de la calle y buscando precisión sobre lo ocurrido,  en la mañana de K2 Radio, el fiscal de la causa Carlos Larrarte dio detalles de la investigación y anticipó que podría desdoblarse al fuero federal por el volumen de lo secuestrado.

“Esta causa nació en el año 2021, fueron unos tres largos años de investigación y de juntar los elementos necesarios para estar convencidos de la información que nos estaba llegando. Base a todos los elementos recabados que tienen que ver con trabajos de campo, filmaciones, placas fotográficas y escuchas telefónicas, se pidieron los allanamientos que dieron los resultados conocidos en la semana”, explicó.

Los allanamientos se extendieron a dos departamentos de la Galería Central, ubicados en el 4° y 7° piso, una vivienda en la ribera del río Quequén, una oficina en el edificio ubicado en Av.58 entre 65 y 67, una ferretería en la calle 74 y un inmueble en la zona de 58 y 167.

En los procedimientos se secuestró dinero por un valor de 34 millones de pesos; casi 400 mil dólares y 2 kilos de oro. Además, se incautaron cuatro armas de fuego y siete automóviles, 50 gramos de cocaína y dispositivos de alojamiento de datos informáticos que serán sometidos a pericias.

Debido a la magnitud de lo secuestrado y las derivaciones que genere a partir de ahora la investigación, Larrarte reconoció la posibilidad de que parte de la causa se desdoble al fuero federal. “Nosotros tenemos competencia únicamente para la compra-venta local. Se está investigando eso. Íbamos a encontrar algo, pero no pensamos que íbamos a encontrar tanto, para eso estamos procesando todos los elementos que fueron secuestrados, parte de la investigación se va a ir al fuero federal si se corrobora con los elementos que fueron procesados, porque excede el marco de la competencia. Todo lo actuado por fuera de la competencia atribuida a las fiscalías provinciales de droga la tenemos que derivar a los juzgados federales y fiscalías federales para que ellos continúen toda esta investigación”.

 
En cuanto a cómo seguirá la causa, agregó que “Tenemos 4 meses para completar la instrucción de la causa para elevarla a juicio en 10 meses como máximo”. La pena para los implicados tiene un mínimo de 6 años y un máximo de 20 años de prisión, por ser un delito “agravado por el concurso de 3 o más personas. Los detenidos se encuentran en la cárcel de Batán.
 

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